miércoles, 17 de febrero de 2010

“No se puede construir ningún país sobre la impunidad”

Comenzó el juicio por el Centro Clandestino de Detención y Tortura (CCDT), “Jefatura de Policías”. andhes es querellante en la causa. Se juzgan siete represores, por el secuestro y asesinato de 22 personas. Darío Abdala, Director Ejecutivo de la organización, indicó que este es un proceso judicial “histórico, porque Tucumán es uno de los lugares con mayor promedio de desaparecidos en todo el país”.



El de la Jefatura de Policía es el primer juicio donde se juzgará la existencia de un Centro Clandestino de Detención y Tortura. Esta causa engloba 13 expedientes; se juzgan a 7 militares y policías por el secuestro y desaparición de 22 personas.
Según Darío Abdala, Director Ejecutivo de andhes, a través de este proceso judicial “se va a poder conocer la verdad de lo sucedido durante la última dictadura y la profunda magnitud que tuvo el Terrorismo de Estado en nuestra provincia, en particular, y en nuestro país en general”.
En este sentido, recalcó que “no se puede construir ningún país sobre la impunidad” y que es “todo un logro que se haga este juicio; que sea por CCD y que estén siendo juzgados militares y policías”.
“La Jefatura de Policía” funcionó en la zona céntrica de San Miguel de Tucumán entre 1975 y 1979 como Centro Clandestino de Detención y Tortura. Se calcula que por allí pasaron cientos y cientos de personas secuestradas, que fueron torturadas, sometidas a un trato inhumano, muchas de las cuáles fueron luego desaparecidas o asesinadas.
Respecto a esto, Abdala marcó dos características que hacen de la “Jefatura” un CCDT importante: “por un lado, porque estaba en el centro, a la vista de todo; y segundo, porque era un lugar desde donde se distribuía al resto de los centros clandestinos de detención”.
Por su parte, Valentina García Salemi y Daniel Weisemberg, los abogados querellantes por andhes, manifestaron que “si bien los querellantes tenemos intereses diferentes (por las causas que cada uno impulsa) tenemos la misma finalidad punitiva y el objetivo de lograr la cárcel común” para todos los represores acusados.

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