El fecha 29 de abril de 1977, cerca de las 12 del mediodía, Graciela del Valle Bustamante de Argañaraz, luego de retirarse de cumplir su tarea como médica en la Sala de Terapia Intensiva del Hospital del Niño Jesús, se encuentra con Roberto Guillermo Torres Correa quien la busca de dicho nosocomio para trasladarla a su domicilio particular en su automóvil marca Renault 6.
En dicha oportunidad son interceptados por un grupo de personas no identificadas en la intersección de Lavalle y Chacabuco, quienes los obligan a acompañarlos. Tiempo después, el auto fue devuelto a la familia de Ricardo Torres Correa por el Coronel Antonio Llamas.
Al día siguiente del secuestro, el esposo de Graciela Bustamante, Julio Argentino Argañaras presentó una denuncia policial por la desaparición de ésta en la Seccional 2° de la Policía de Tucumán (dependencia sita en calle Buenos Aires al 400 entre Gral. Paz y Lamadrid). En esa fecha, también envió un telegrama colacionado a Antonio D. Bussi y al Colegio Médico de Tucumán, sin obtener respuesta alguna. El 23 de junio de 1978 presentó un Recurso de Habeas Corpus ante el Juzgado Federal de Tucumán, sin tampoco obtener respuesta.
Asimismo, la madre de Bustamante, María Esther Marquentó de Bustamante realizó también innumerables acciones, denuncias y medidas (administrativas y judiciales, nacionales y provinciales) a efectos de poder conocer el paradero, estado y destino de su hija desaparecida. Jamás recibió respuesta alguna.
Ambos han pasado a engrosar la lista de 30 mil detenidos desaparecidos por la dictadura militar que el 24 de marzo de 1976 irrumpió en el poder, desplazando a la entonces presidenta, María Estela Martínez de Perón.
andhes actúa como querellante en la causa de Bustamente de Argañaraz, que lleva como expedientes acumulados las causas de Ricardo Torres Correa, Adriana Mitrovich de Torres Correa y Horacio Armón Atilio Ferreyra Córdoba, las tres sobre secuestro y desaparición.
Graciela Bustamante de Argañaraz, Roberto Torres Correa, Adriana Mitrovich y Horacio Ferreyra Córdoba habrían sido identificados entre los detenidos clandestinos del Centro Clandestino de Detención que funcionó en la Jefatura de Policía de Tucumán, donde habrían padecido condiciones aberrantes de detención y torturas.
Los hechos delictivos perpetrados en sus perjuicios, “se produjeron en el marco de un plan de represión que, presidido por las Juntas Militares, se ejecutó a través de la estructura militar de las Fuerzas Armadas, con un gran número de participantes, entre autores directos, cómplices múltiples, agentes del gobierno, fuerzas de seguridad y organismos gubernamentales de aquella época. Que los hechos investigados configurarían el contexto de un delito de lesa humanidad tipificado por el Derecho Penal Internacional”, plantea el requerimiento de elevación a juicio solicitado por el Ministerio Público Fiscal.
Delitos de Lesa Humanidad
A partir del 24 de marzo de 1976, y aún antes en nuestra provincia, el ámbito de violación a los derechos humanos cometidos por la dictadura militar abarcó: violaciones al derecho a la vida (muertes, desapariciones forzadas); violaciones al derecho a la integridad física y psíquica (tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes); violación del derecho a la libertad personal (detenciones arbitrarias e ilegales); violación a la libertad de pensamiento e ideas (persecuciones políticas); violación de todas las garantías relativas al debido proceso; violación del derecho a la sexualidad (abusos sexuales y violaciones), violación al derecho a la identidad y violación al derecho a la propiedad.
En síntesis, lo hasta aquí manifestado —y conforme lo resolviera en diciembre de 2004 la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de Tucumán”— resulta pertinente resaltar que los hechos delictivos que se investigan en la presente causa se perpetraron en el contexto del terrorismo de Estado imperante en nuestro país desde 1975 a 1983, con las consecuentes y gravísimas violaciones a los derechos fundamentales de miles de personas. La organización criminal gestada, se sustentó en la cadena de mandos con jerarquías que la estructura de las fuerzas armadas y de seguridad habilitaba, y que fue utilizada para la realización de procedimientos al margen de toda ley, con la finalidad expresa de aniquilar a los oponentes políticos o ideológicos.
En Tucumán, uno de los principales ejecutores, junto con los otros imputados en autos, de este plan criminal fue Antonio Domingo Bussi: los altos cargos que ocupaba en esos tiempos y muchas de las declaraciones que constan en diferentes instrumentos y causas nos llevan a concluir, ya sea por acción u omisión, su responsabilidad directa en cada una de estas violaciones, y en particular, en las del presente caso.
El primer juicio por CCD
El juez federal subrogante Daniel Bejas, decidió elevar a juicio oral y público la causa de la ex Jefatura de Policía, caratulada "Coronel Marta y Coronel Rolando S/ Sus Secuestros y Desapariciones". En el escrito, Bejas plantea que "(...) considerando que la instrucción de los hechos que se investigan en las causas de marras está completo y solicitando, en consecuencia, su elevación a juicio oral y público en relación con las personas procesadas por los hechos que constituyen su objeto".
De esta manera, ocho represores serán juzgados por su actuación en ese Centro Clandestino de Detención (CCD).
Entre los acusados se encuentran los genocidas Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, quiénes fueron condenados en agosto último por el Tribunal Oral Federal de Tucumán, por la desaparición forzada del ex senador provincial, Guillermo Vargas Aignasse. Bussi actualmente se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en un lujoso country de Yerba Buena.
Además, serán querellados Alberto Luis Cattáneo (ex segundo Comandante de la V Brigada de Infantería del Ejército entre 1975 y1977); Albino Mario Alberto Zimmermann (ex teniente coronel del Ejército a cargo de la Jefatura de la Policía); Roberto “El Tuerto” Albornoz (ex jefe del Servicio de Información Confidencial de la Policía de Tucumán entre 1975 y 1978); Luis Armando De Cándido y Carlos De Cándido
El expediente de la ex Jefatura de Policía cuenta con 13 causas que incluyen 22 víctimas. Este juicio cuenta con la característica que se han unificado diversas causas penales por delitos de lesa humanidad cometidos en ese CCD, pedido éste de unificación varias veces reiterado por los abogados de Derechos Humanos.
En este sentido, Valentina García Salemi, coordinadora del área Memoria, Verdad y Justicia de andhes indico que “celebramos la resolución judicial adoptada ya que importa un paso más, y decisivo, en la lucha contra la impunidad frente a los mayores crímenes de lesa humanidad que sufrió la provincia”.
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