Se suspendió por diez días más el Juicio por Jefatura de Policía

El informe del forense de la Corte Suprema de Justicia, Cristian Rando, firmado por los peritos de las querellas y la defensa, indicó el 16 de marzo que el imputado Antonio Domingo Bussi “no está estable en relación a su cuadro cardiológico de base” y que tiene “una infección urinaria aún no resuelta y una tumoración testicular dolorosa”.

En este sentido, el médico forense indicó que “encontré un paciente discreta a moderadamente desmejorado de la última vez. Ya tenía una coloración discretamente peor que la última vez, estaba deshidratado, con mayor dificultad respiratoria. Hubieran sido necesarios menores plazos en implementar ciertas cosas para evitar la infección urinaria”.
En igual sintonía se expresó el perito de parte, el cardiólogo Alfredo Neme Sheij, quién manifestó que “hay una evolución desfavorable del paciente, tiene patologías de muy mal pronóstico y las situaciones de estrés acelerarían el mal pronóstico”.
Todas estas situaciones se vieron agravadas por el estado de abandono en que estuvo el represor durante los últimos 15 días. “La patología de Bussi se fue empeorando por el descuido de las personas que lo rodean” y que, por lo tanto, “el Estado se tiene que hacer cargo de la situación, indicó durante la audiencia el Fiscal Federal”.
Lo expuesto por Rando y Neme Sheij llevó al Tribunal a emitir una resolución en la que decidió “suspender la audiencia por nueve días hábiles. Ordenar la internación de Antonio Domingo Bussi, en un nosocomio público o privado (a su costo); que el SIPROSA disponga de los facultativos necesarios a fin de controlar diariamente el estado de salud del imputado. Que el doctor Rando revise a Bussi el lunes 29 y comparezca como perito a la audiencia de debate del día siguiente”.
Las medidas finalmente adoptadas por el TOF habían sido solicitadas, en primer lugar, por la abogada querellante por parte de andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), Valentina García Salemi. Adhirieron a esa postura todos los demás querellantes, a excepción de la doctora Figueroa.